La nueva Ley de Copropiedad en sus artículos 21 y 22 obliga a la Administración a rendir cuenta documentada y pormenorizada de su gestión en forma mensual y anual, así como a confeccionar un presupuesto de obligaciones económicas por período de doce meses.
Para cumplir con lo anterior la Administración debiese llevar una contabilidad completa con un estado de ingresos y egresos así como un balance de activos, pasivos y patrimonio de la Comunidad.
El asumir la tarea de contabilización correcta de los movimientos mensuales no solo simplificará la confección del informe de Gastos Comunes, posterior cobranza y pago correcto y oportuno a proveedores, sino, además, será el punto de partida para la confección del presupuesto exigido y la proyección de las cuentas.
El presupuesto debe reflejar los objetivos que tiene la Comunidad y la realidad respecto a su financiamiento y tiempo oportuno.
Esta obligación que impone la nueva ley es una oportunidad para que la Administración se profesionalice y le otorgue un norte a su gestión con una clara realidad financiera.